“Los actos de corrupción -que tienen directa relación con el ejercicio del poder económico y político, y con el crimen organizado, aunque pretendemos referirnos a los primeros con mayor énfasis- suelen ser producto de un sofisticado y preciso sistema, que se despliega no solo en los mecanismos utilizados para la apropiación, desviación o aprovechamiento de los recursos y fondos públicos o en la forma en que las ganancias ilegítimas son introducidas en el torrente económico por parte de los sistemas financieros y las grandes corporaciones y empresas privadas, sino en el aseguramiento de la impunidad como pieza clave de la rentabilidad económica, social e incluso política de estas conductas.
Un repaso no exhaustivo de las relaciones entre el poder y la corrupción, podría abarcar una enorme cantidad de posibilidades de análisis: la afectación al Estado constitucional y a los derechos y garantías de los ciudadanos; el costo de la corrupción frente a la efectiva implementación de la política pública; el debilitamiento de la institucionalidad democrática del Estado; los mecanismos cada más innovadores empleados para su cometimiento; la evasión y elusión de los tributos estatales; el maquillaje para ocultar los controles estatales de las fortunas…” [1]
Estas dos ideas iniciales nos plantean la necesidad de desarrollar un grupo de reflexiones que, muchas veces, suelen mantenerse al margen de un debate serio y profundo sobre la corrupción y la forma de enfrentarla desde las herramientas del Estado. Para este propósito, vamos a abstraernos por un instante del marco constitucional, internacional y normativo legal interno del Ecuador, pues solo de esta manera tendremos la posibilidad de mirar el bosque y no el árbol:
a) Decíamos en la primera idea que el sistema que cobija los actos de corrupción es sofisticado. Y lo es. Sumamente sofisticado. La complejidad de las redes, cortinas, cortapisas y escondites parecen una red de túneles de un sistema de alcantarillado de una enorme ciudad. Conectar todos los puntos, encontrar su relación, desvelar cómo funcionan es una tarea mucho más ardua, compleja y de detalle que una rueda de prensa, o una publicación por una red social. Los tiempos de la política suelen ser muy distintos a los tiempos de la investigación procesal en estas condiciones, por lo que caer en la tentación de que la segunda se adecue a la primera es un territorio plagado de fracasos.
La mayor parte de las veces, en casos como estos, nos encontramos frente a lo que la doctrina denomina “delitos complejos” que esencialmente consisten en infracciones que se ejecutan con la participación de muchos sujetos que cumplen roles en compartimentos estructurados, que se desarrollan en distintas jurisdicciones penales y a través de la utilización de sistemas financieros en países considerados paraísos fiscales (o en los cuales la voluntad de cooperación internacional en su investigación es nula o muy poco posible). De esta manera, se “blinda” la posibilidad real de juzgamiento y sanción, es decir, impunidad.
¿Qué hacer frente a esto? No hay recetas para el éxito, pero las experiencias de los últimos años muestran que al menos, se debería propender a: establecer cuerpos de investigación altamente sofisticados y capacitados para comprender el mecanismo que emplea el gran delito transnacional; la generación de relaciones institucionales sólidas a nivel internacional para que la cooperación no termine ahogada en un sinfín de trámites burocráticos o diplomáticos que desesperan y angustian la investigación; la aplicación correcta de técnicas de investigación como los cooperadores eficaces, los informantes y los agentes encubiertos.
b) Finalmente, sobre la segunda idea, quisiera concluir con una reflexión sobre apenas una arista de las múltiples que un repaso exhaustivo debería abordar: el debilitamiento institucional como una de las más peligrosas consecuencias de las relaciones entre poder y corrupción. No se trata de una suma de buenos propósitos o declaraciones líricas, se trata de una cuestión que va mucho más allá de quien o quiénes sean los titulares de las instituciones: se trata de una estructura que el Estado debe dotar para que las cosas funcionen, para que las instituciones cumplan con su deber. Las disputas de poder político son indudablemente un escenario latente en la realidad de cualquier democracia, sin embargo, la mayor fuente de legitimidad de las instituciones proviene -en esencia- del cumplimiento de su deber; pero para cumplir su deber tiene la necesidad de contar con las herramientas que lo hagan posible. Un Estado en situación de precariedad muy difícilmente podrá dar respuestas a todos los problemas de una sociedad y eso aplica perfectamente para los organismos que se encargan de la investigación del delito. Luchar contra la corrupción, en serio y no en los medios de comunicación, significará un desafío nacional cuando se cuente con personal suficiente y bien capacitado, con recursos para extender sus relaciones internacionales a los “destinos” más apetecibles de la corrupción; analistas altamente calificados en áreas que suelen ser menos comunes para los abogados (financiera, petrolera, seguros, auditoría, etc.); herramientas tecnológicas de punta; centralidad en la representación del Estado en la aplicación de los tratados y convenios internacionales en la materia en una sola institución; cuerpos de investigación propios, entre otras muchas más.
Ahí está el verdadero desafío.
[1] Baca Mancheno, Carlos. Derecho Penal, Constitucional y Derechos Humanos. Quito. 2016. Editorial Jurídica del Ecuador.
